El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

  • La norma transpone al ordenamiento jurídico español la directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas 
  • Introduce medidas para incentivar aún más la inversión en redes de telecomunicaciones e impulsa la coordinación entre administraciones con la creación de un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes 
  • Por primera vez, se regulan los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, que deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores. También se deberá comunicar la instalación o explotación de cables submarinos y Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD)
  • Los derechos de los usuarios españoles se refuerzan y se armonizan con los del resto de la UE. Los contratos deberán ser accesibles para los usuarios con diversidad sensorial y se introducen nuevos derechos en el ámbito de la portabilidad
  • La reforma de la Ley General de Telecomunicaciones está prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto en el componente “Conectividad, 5G y Ciberseguridad” que prevé una inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad

Principales novedades

España cuenta con una de las redes de telecomunicaciones más extensas y resilientes de Europa. Algunas de las medidas del ordenamiento jurídico español, -que han incentivado la inversión y ese despliegue-, han servido de inspiración para la redacción del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Así se han introducido medidas como, por ejemplo, la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT); la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad; o la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil.
 
Ahora el proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.
 
El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de co-inversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas. También incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) –tan necesarias para el 5G–, con muchas menos cargas administrativas y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico. 
 
Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea recientemente adoptada. Esto impulsará la coordinación entre administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación.
 
Además, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen como objetivo promover que España se convierta en el hub de interconexión digital del sur de Europa.
 
Para un seguimiento efectivo de este mercado, el proyecto de ley establece, por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español. 
 
Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).